La Corte Superior de Justicia de Lambayeque superó el millón de actos procesales en lo que va del 2026, como resultado del trabajo desarrollado por sus 153 juzgados y salas. En total, se registran 1 002 803 actos procesales, entre decretos, autos, audiencias, oficios, notas, sentencias, actas y otros documentos que forman parte de la actividad jurisdiccional.
De acuerdo con el reporte estadístico, los decretos encabezan la producción con 327 843 actos (32,69 %), seguidos de los autos, con 325 075 (32,42 %). Asimismo, se contabilizan 103 790 audiencias, 84 274 oficios, 80 464 notas, 39 448 sentencias, 18 314 actas, 7 740 razones, 6 751 inscripciones electrónicas y 9 104 documentos agrupados en otros rubros.
Para organizar, analizar y hacer seguimiento a esta actividad, la gestión del presidente de la Corte de Lambayeque, doctor César William Bravo Llaque, impulsó el Centro de Análisis Judicial (CAJ), una herramienta que reúne información de los órganos jurisdiccionales y permite conocer, con datos actualizados, el comportamiento de la producción y el trámite judicial.
El CAJ integra 21 módulos distribuidos en cuatro frentes de trabajo: producción, trámite, instancias y penal. A través de sus funcionalidades, permite examinar la actividad judicial desde el ingreso de escritos hasta el seguimiento de los expedientes en las distintas instancias.
En el componente de escritos, el sistema registra que durante este año se presentaron más de 600 mil documentos. La plataforma permite conocer, juzgado por juzgado, cuántos fueron atendidos y cuántos permanecen pendientes. Además, incorpora inteligencia artificial para leer los escritos y proponer el proyecto de proveído, con un nivel de acierto del 87 % en la identificación del mandato. La decisión final corresponde al secretario judicial, quien revisa y valida la propuesta.
En cuanto a la producción, cada órgano jurisdiccional puede visualizar en tiempo real sus resultados frente a las metas establecidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El CAJ muestra el avance mensual, los actos que componen la producción, el cumplimiento de metas, la carga procesal y los comparativos entre periodos. Esta información también permite identificar a los juzgados con mayor rendimiento: los tres primeros del ranking superan en más del doble la meta asignada.
Otro de sus componentes está orientado al seguimiento del trámite de los expedientes. La herramienta ha permitido identificar más de 7 mil expedientes que figuran con estados incorrectos, sin registrar actuaciones desde el año 2020 debido a la falta de actualización de su estado o ubicación. Entre ellos se encuentra uno cuyo registro data de 1997. Esta información facilita detectar situaciones que requieren atención, como notificaciones pendientes, resoluciones que esperan firma y el tiempo que permanece cada expediente en las distintas etapas del proceso.
El sistema también cuenta con un visor que reúne el expediente completo en un solo archivo PDF, con marcadores para identificar cada actuación. Esta funcionalidad opera tanto con expedientes electrónicos como con expedientes físicos previamente digitalizados, y permite realizar búsquedas por número de expediente y descargar la documentación en un solo paso.
En segunda instancia, el CAJ permite conocer qué expedientes fueron elevados a las salas y cuáles continúan pendientes de remisión. Asimismo, realiza el seguimiento de las apelaciones y registra que siete de cada diez son confirmadas. En materia de casación, facilita la revisión de lo resuelto por la Corte Suprema, incluyendo si el recurso fue declarado improcedente o inadmisible, si se casó la sentencia o si fue declarado fundado o infundado.
Finalmente, el componente penal concentra información prioritaria para el seguimiento de requisitorias vigentes, medidas de protección, sentencias pendientes de boletín y control de firmas, entre otros indicadores que requieren atención oportuna.
De esta manera, la Corte de Lambayeque dispone de información organizada para identificar pendientes, supervisar resultados y orientar decisiones. Detrás de cada escrito, expediente y resolución existe una persona que espera una respuesta; por ello, el seguimiento de estos indicadores constituye una herramienta para mejorar la oportunidad y calidad del servicio de justicia.
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