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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, tuvo una destacada participación como panelista durante las dos primeras jornadas del V Congreso Internacional de Flagrancia “Justicia oportuna, célere y eficaz: consolidando la flagrancia como pilar de un sistema penal moderno”, desarrollado en Lima, donde compartió espacios de análisis con reconocidos especialistas nacionales e internacionales.

Su participación durante los días 12 y 13 de agosto permitió incorporar al debate la experiencia de Lambayeque y plantear reflexiones sobre aspectos fundamentales del funcionamiento del sistema de flagrancia, desde la detención policial y la intervención del Ministerio Público hasta el papel de la defensa, la función del juez y la necesaria articulación entre las instituciones que intervienen frente al delito. La participación presencial del titular de la Corte de Lambayeque durante ambas jornadas está contemplada en la autorización oficial para el evento. 

REFLEXIONES SOBRE LA DETENCIÓN Y LAS GARANTÍAS EN EL PROCESO DE FLAGRANCIA

Durante la primera jornada, el 12 de agosto, el Dr. Bravo Llaque participó como panelista en la conferencia magistral “Sistema Procesal Penal de Flagrancia, un nuevo Paradigma”, a cargo del jurista panameño Dr. Gustavo Romero Duque Alvarado, juez de Garantía del Segundo Circuito Judicial de Panamá. 

En su intervención, el presidente de la Corte de Lambayeque puso especial atención en la enorme responsabilidad que recae sobre la Policía al momento de efectuar una detención en los casos de flagrancia, considerando que, a diferencia del Ministerio Público, los efectivos policiales tienen la facultad de detener a una persona ante la comisión de un delito flagrante.

En ese contexto, destacó que la actuación policial tiene consecuencias frente al imputado, el Ministerio Público, la ciudadanía y la persona agraviada, por lo que planteó la necesidad de reflexionar sobre el papel estratégico que cumple la Policía en el inicio de estos procedimientos.

Asimismo, formuló una interrogante respecto de la relación entre la actuación policial y la labor del Ministerio Público: ¿hasta qué punto puede el fiscal apartarse de la primera calificación efectuada por la Policía cuando recibe una detención?. El planteamiento permitió poner sobre la mesa la importancia de la coordinación entre ambas instituciones en la evaluación técnica y jurídica de los casos.

Otro de los aspectos abordados por el magistrado fue el rol de la defensa y la función del juez frente a una imputación en un proceso de flagrancia. En particular, planteó la posibilidad de que el juez pueda advertir un argumento de defensa que no haya sido debidamente desarrollado por el abogado del imputado y, a partir de ello, evaluar si corresponde admitir o rechazar la solicitud de un proceso inmediato.

De esta manera, su intervención resaltó la necesidad de que la celeridad propia de los procesos de flagrancia no deje de lado la evaluación de las garantías y los derechos que corresponden a las partes.

UNA SEGUNDA INTERVENCIÓN CENTRADA EN LA ARTICULACIÓN FRENTE AL DELITO

La participación del Dr. Bravo Llaque tuvo continuidad el 13 de agosto, cuando volvió a integrar un panel, esta vez en la conferencia magistral “Sistema de juzgamiento de delitos flagrantes: superando el falso dilema entre seguridad y derechos”, desarrollada por el reconocido jurista ecuatoriano Dr. Charbel Gustavo Jalkh Röben, doctor en Derecho, expresidente del Consejo de la Judicatura del Ecuador y presidente del Instituto Iberoamericano de Justicia. 

En esta segunda jornada, el titular de la Corte de Lambayeque trasladó el análisis desde la actuación de los operadores individuales hacia la necesidad de fortalecer la coordinación de todas las instituciones que intervienen en la respuesta frente al delito.

Durante su intervención, sostuvo que es necesario superar el trabajo aislado entre las instituciones del sistema de justicia y avanzar hacia una verdadera interoperabilidad, destacando que la Unidad de Flagrancia constituye una experiencia que demuestra que es posible trabajar de manera articulada para brindar una respuesta más eficiente frente al delito.

Asimismo, señaló que el Poder Judicial no puede solucionar por sí solo el problema de la criminalidad, pero forma parte de la solución, por lo que consideró necesario fortalecer el trabajo conjunto y avanzar hacia una política de prevención y análisis criminal que permita atender también las causas del fenómeno delictivo.

Esta perspectiva permitió vincular la experiencia de las unidades de flagrancia con un desafío mayor: construir una respuesta integral frente a la criminalidad, en la que cada institución cumpla adecuadamente sus competencias, pero trabajando de manera coordinada.

LAMBAYEQUE PRESENTE EN UN ESPACIO DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL

La participación del Dr. César William Bravo Llaque durante dos jornadas consecutivas como panelista representa una importante presencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque en uno de los principales espacios académicos especializados en materia de flagrancia.

El Congreso reúne a especialistas nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos de la investigación, juzgamiento y atención de los delitos flagrantes, con la participación de 17 expositores nacionales e internacionales y 34 panelistas especializados, además de intérpretes en lengua originaria. 

En este escenario, el presidente de la Corte de Lambayeque ha contribuido al intercambio de experiencias desde una perspectiva práctica y vinculada con la realidad del sistema de justicia peruano, planteando interrogantes sobre las garantías en la detención, la actuación de la Policía y el Ministerio Público, el papel de la defensa y del juez, así como la necesidad de fortalecer la interoperabilidad institucional.

Su participación permite, además, que la experiencia de Lambayeque esté presente en el debate nacional e internacional sobre el futuro del modelo de flagrancia, aportando a la construcción de una justicia que combine rapidez y eficacia con el respeto irrestricto de los derechos y garantías fundamentales.