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La Corte Superior de Justicia de Lambayeque ha tomado medidas significativas para fortalecer el sistema judicial en la región. En ese sentido, luego de realizar las gestiones necesarias, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha dispuesto, mediante la Resolución Administrativa N° 000053-2024-CE-PJ, la creación de la Unidad Modelo de Flagrancia Tipo I en el distrito judicial de Lambayeque, la cual entrará en vigencia a partir del 6 de mayo de 2024.

Como parte de esta iniciativa, se establecerán nuevos juzgados especializados para el manejo de casos de flagrancia delictiva. Por lo tanto, se crearán del 1° al 4° Juzgados de Investigación Preparatoria Transitorios de Flagrancia de Lambayeque, con competencia funcional para todos los procesos inmediatos por delito flagrante conforme a la ley. Estos juzgados tendrán competencia territorial en las provincias de Chiclayo y Lambayeque, con sede en Chiclayo.

Además, del 1° al 3° Juzgados Penales Unipersonales Transitorios de Flagrancia de Lambayeque se establecerán, con competencia funcional y territorial similares a los Juzgados de Investigación Preparatoria mencionados anteriormente. Estos juzgados desempeñarán un papel fundamental en la administración de justicia rápida y eficiente en casos de flagrancia delictiva.

La Unidad de Flagrancia en el Perú es una estructura judicial especializada en casos de delitos, descubiertos al ser cometidos o inmediatamente después. Su objetivo es garantizar una respuesta rápida y eficaz, incluyendo la detención y procesamiento adecuados de los presuntos infractores, en coordinación con equipos multidisciplinarios y bajo normativas legales específicas. Esta unidad busca asegurar la justicia ágil y efectiva frente a los delitos flagrantes. Además, se destaca la estrecha colaboración entre diversas instituciones como el Ministerio Público, MININTER-PNP, Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, entre otras.

El mag. Edilberto José Rodríguez Tanta, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, reafirma su compromiso con la eficiencia y transparencia en la administración judicial durante su actual gestión. Esta medida no solo tiene como objetivo agilizar los procesos judiciales, sino también garantizar el acceso a una justicia transparente y humanizada en la región.