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En diálogo con Yaykuna Judicial, el magistrado explicó que la extinción de dominio es un proceso autónomo que tiene por finalidad recuperar los bienes obtenidos a través del delito, sin necesidad de una sentencia penal previa.

“En palabras sencillas, indicó, la extinción de dominio fue creada para quitarles los bienes delictivos a todos los criminales que cometen delitos y que con esos delitos consiguen dinero. Este proceso empezó el año 2019, y hoy estamos aquí porque hemos venido a cerrar una etapa importante: hacer que los juzgados transitorios se vuelvan permanentes. Y Lambayeque ya cuenta con su Juzgado Permanente de Extinción de Dominio”.

 

El Dr. Luján explicó que Lambayeque fue una de las ocho primeras cortes del país seleccionadas para contar con un juzgado permanente, junto con Lima, Callao, Junín, Ayacucho y Tumbes.

“La elección de Lambayeque se debe a tres razones fundamentales: su posicionamiento geopolítico, la cantidad de procesos resueltos y dinero recuperado, y el compromiso personal del juez y su equipo jurisdiccional. Esos tres factores nos llevaron a escoger esta corte”, detalló.

 

El magistrado destacó que Lambayeque se ubica entre las primeras cortes del país en producción judicial dentro del subsistema de extinción de dominio, gracias a una gestión comprometida con la transparencia y la eficiencia. “El departamento tiene una ubicación estratégica: es una vía de acceso desde la selva y desde el norte hacia el centro del país. Esa condición geográfica también lo convierte en un punto de tránsito de bienes y actividades ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal o el tráfico de madera. Sin embargo, frente a ese escenario, el trabajo desplegado por la actual gestión, liderada por el presidente Dr. César William Bravo Llaque, ha sido ejemplar. A través del Juzgado de Extinción de Dominio, el Dr. Jorge Rojas Cruz ha demostrado un compromiso notable, dedicando más horas de las que el Estado le remunera, capacitando a su equipo y promoviendo la difusión de este proceso para que la ciudadanía comprenda su importancia y los beneficios que genera para el país”.

 

Durante la entrevista, el Dr. Luján también reflexionó sobre los desafíos y resistencias que enfrenta este modelo. “A muchas personas no les gusta que se metan con sus bienes. Pero los derechos no pueden ejercerse sin función social. Si alguien usa un bien para delinquir o para causar daño, ese bien pierde su legitimidad. Todos los derechos deben ejercerse pensando en los demás”.

 

El magistrado comentó además las recientes modificaciones legislativas y la decisión del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucionales solo dos artículos de la ley, reafirmando que la extinción de dominio es una herramienta válida contra el crimen organizado.

 

“La Defensoría del Pueblo alegó que quitábamos bienes a personas humildes, pero eso es falso. De los más de 1,373 procesos con cosa juzgada, ninguno pertenece a alguien con esa condición. El Tribunal Constitucional ha reconocido que esta ley es positiva y debe mantenerse como un mecanismo autónomo. Por eso, resulta poco entendible la modificación de la Ley 32326, que exige una sentencia penal previa. Un delincuente no guarda sus bienes frente al penal; los tiene ocultos y a nombre de testaferros. Nuestro trabajo no es determinar si alguien es delincuente o no, sino si el bien proviene del delito”.

Sobre el vínculo entre corrupción y extinción de dominio, el juez supremo advirtió que la reciente modificación legal retrasa la recuperación de bienes mal habidos por delitos de corrupción de funcionarios.

 

“Ahora se exige que primero exista sentencia penal en esos casos, mientras que en delitos como el narcotráfico no. Eso permite que algunos corruptos mantengan sus bienes protegidos hasta que el tiempo o la impunidad los favorezcan. Pero nosotros seguiremos adelante, porque esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Tenemos la paciencia para ganarla”.

 

En cuanto a los resultados alcanzados, el Dr. Luján informó que desde la creación del subsistema en 2019 se han recuperado 194 millones de dólares, equivalentes a casi 700 millones de soles para el Estado peruano. “El año pasado logramos recuperar 85 millones de dólares y este año cerraremos con 30 millones. Es cierto, hay una desaceleración por las modificaciones legales, pero cada centavo recuperado representa una victoria. Así pudiéramos extinguir un solo centavo, ese centavo es una bala menos en la calle y una vida más que puede salvarse. Por eso seguimos y seguiremos al frente”.

 

El magistrado concluyó asegurando que aún queda mucho trabajo por hacer y que nuevas cortes se sumarán próximamente a este esfuerzo nacional. “Tenemos extinción de dominio para rato. Mientras existan bienes ilícitos circulando en el país, estaremos aquí, dando la lucha”.

Oficina de Imagen Institucional