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El Juzgado Penal Colegiado Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, integrado por los magistrados Rosa Amelia Vera Meléndez, Ronald Erik Ruiz Vásquez y Héctor Luis Fernández de la Torre, emitió sentencia condenatoria contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de San Ignacio, C. A. M. S., y otros exfuncionarios municipales, al encontrarlos responsables de delitos vinculados a corrupción en agravio del Estado.

Luego del adelanto de fallo realizado el 5 de febrero de 2026, el colegiado llevó a cabo el 12 de febrero la lectura integral de la sentencia, en la que se expusieron los fundamentos que sustentan la decisión adoptada.

De acuerdo con la acusación fiscal, los hoy sentenciados concertaron con terceros para favorecerlos ilícitamente, ocasionando un perjuicio económico a la Municipalidad Provincial de San Ignacio. Tras la evaluación de los medios probatorios actuados durante el juicio oral, el Colegiado determinó la responsabilidad penal de los acusados por los delitos de asociación ilícita y peculado doloso por apropiación agravada, entre otros extremos.

En el caso del exalcalde, se le impuso 18 años de pena privativa de la libertad efectiva, además de 620 días multa, equivalentes a S/ 18,085.40, y 10 años de inhabilitación, conforme a ley. Los efectos de la condena quedan sujetos a lo que se resuelva en caso de apelación ante la instancia superior.

Asimismo, fueron condenados los exfuncionarios Á. L. C. P., J. M. L. T., W. R. C., R. A. P., W. D. D. F., J. M. L. L., J. R. C. y L. A. A. S., imponiéndose penas privativas de libertad efectiva que oscilan entre 10 años y 8 meses y 18 años y 11 meses, además de multas e inhabilitaciones conforme a ley.

El Colegiado fijó además como reparación civil la suma de S/ 960,000.00, monto que comprende el dinero apropiado y el daño extrapatrimonial causado, el cual deberá ser abonado de manera solidaria por los sentenciados a favor de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y la Procuraduría de Lavado de Activos.

Durante el proceso, el colegiado declaró fundada la excepción de prescripción únicamente respecto a uno de los extremos planteados, e impuso reglas de conducta en el caso del acusado que se acogió a un acuerdo parcial.

Con esta decisión, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la lucha contra la corrupción y con la sanción de los delitos que afectan los recursos públicos y la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.

Oficina de Imagen Institucional