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El Primer Juzgado Especializado de Familia de Ferreñafe, a cargo del magistrado Ronald Fabián Díaz Correa, asistido por el especialista judicial Louiggi Giancarlos Rojas García, emitió resolución en el marco de un proceso de responsabilidad penal juvenil, conforme al marco constitucional y legal vigente.

La actuación jurisdiccional se desarrolló en observancia de la sentencia del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución Política del Perú, publicada en el Diario Oficial El Peruano, mediante la cual se declaró la inconstitucionalidad de la Ley N.° 32330, norma que incorporaba a los adolescentes de 16 y 17 años como sujetos imputables dentro del sistema penal ordinario, disponiendo la reconducción de los procesos al sistema especializado de justicia juvenil.

En dicho contexto normativo, se deja constancia que el adolescente investigado estuvo sujeto previamente a mandato de prisión preventiva dispuesto por un órgano jurisdiccional penal. Posteriormente, en cumplimiento del nuevo marco constitucional, los actuados fueron remitidos a la jurisdicción de familia, disponiéndose su traslado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación “José Quiñones González”, conforme a la normativa especializada aplicable.

Como resultado del trámite correspondiente y tras verificarse los presupuestos legales exigidos por el ordenamiento jurídico, el órgano jurisdiccional dispuso la medida de internamiento preventivo, en relación con la presunta comisión de infracción penal contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, debiendo cumplirse la medida en el centro juvenil antes mencionado.

Cabe precisar que el requerimiento fiscal fue formulado por la fiscal provincial de la Fiscalía Provincial Mixta de Ferreñafe, doctora Elizabeth del Carmen Niquen Suárez, en ejercicio de sus atribuciones.

Las partes procesales quedaron debidamente notificadas en audiencia, manifestando su conformidad con la decisión adoptada.

Finalmente, el Primer Juzgado Especializado de Familia de Ferreñafe reafirma su compromiso con la observancia del orden constitucional, el respeto al debido proceso y la tutela efectiva de los derechos fundamentales, en concordancia con el objetivo de la actual gestión institucional: que la justicia esté orientada al servicio de las personas.

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