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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Lambayeque sentenció a un año y seis meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución a J.J.O.E. (25) y S.G.H.N. (23), como autores del delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, en agravio del Plaza Vea - Real Plaza Chiclayo. Asimismo, se dispuso el pago de S/ 400.00 por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.

De acuerdo con los actuados policiales, el 27 de febrero de 2026, aproximadamente a las 21:30 horas, los sentenciados ingresaron al supermercado ubicado en el centro comercial Real Plaza Chiclayo con la finalidad de sustraer diversos productos. La acción fue advertida por el personal del área de cámaras de videovigilancia, quienes observaron a un varón y una mujer tomando víveres y colocándolos en un carrito de compras.

Según el reporte, ambos se dirigieron hacia la puerta N.° 2 del establecimiento. En ese momento, la mujer habría distraído al personal de seguridad mientras el varón intentaba salir del local empujando el carrito con los productos sin realizar el pago correspondiente. Al activarse la alarma de seguridad, el personal del establecimiento fue alertado y procedió a retenerlos.

Posteriormente, la representante legal del supermercado solicitó la intervención policial a través de la Central 105. Efectivos de la comisaría del sector acudieron al lugar y trasladaron a los intervenidos para las diligencias correspondientes.

Entre los productos que intentaron sustraer se encontraban diversos alimentos, artículos de higiene y productos de uso personal, valorizados en S/ 448.70, de acuerdo con la documentación presentada por la empresa agraviada.

Los investigados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que en audiencia sustentó su requerimiento acusatorio ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Lambayeque. Tras evaluar los elementos presentados, el juzgado emitió sentencia condenatoria imponiendo a ambos procesados una pena de un año y seis meses de prisión suspendida y el pago de reparación civil a favor de la empresa afectada.